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Resoluciones que contienen criterios de convencionalidad

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO nORÍN CATRIMÁN Y OTROS (Dirigentes, MIEMBROS y activista del pueblo indígena Mapuche) VS. cHILE SENTENCIA DE 29 DE MAYO DE 2014 (FONDO, REPARACIONES Y COSTAS) En el caso Norín Catrimán y otros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces[1]: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Alberto Pérez Pérez, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez. presentes además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento” o “Reglamento de la Corte”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden: TABLA DE CONTENIDO I -Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA. 4 II – PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE. 6 III – COMPETENCIA. 11 IV – CONSIDERACIONES PREVIAS. 12 A) Determinación de las presuntas víctimas. 12 1. Argumentos de las partes. 12 2. Consideraciones de la Corte. 12 B) Determinación del marco fáctico. 15 1. Sobre las medidas de privación preventiva de la libertad personal15 2. Sobre las detenciones iniciales y su control judicial16 3. Alegaciones de violencia en la detención inicial y condiciones de detención indignas. 16 C) Argumentos presentados de manera extemporánea. 17 V – PRUEBA. 17 A) Prueba documental, testimonial y pericial18 B) Admisión de la prueba. 18 1. Prueba documental18 2. Admisión de las declaraciones de presuntas víctimas, y de la prueba testimonial y pericial23 VI – HECHOS. 23 A) Sobre las presuntas víctimas de este caso. 23 B) Contexto. 24 1. El Pueblo indígena Mapuche. 24 2. La protesta social del Pueblo indígena Mapuche. 25 C) Marco jurídico interno. 33 1. Constitución Política. 33 2. Legislación penal34 3. Legislación procesal penal36 D) Los procesos penales seguidos contra las presuntas víctimas. 38 1. El proceso penal contra los Lonkos Segundo Aniceto Norín Catrimán y Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, y contra la señora Patricia Roxana Troncoso Robles. 38 2. El proceso penal contra Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, José Benicio Huenchunao Mariñán, Juan Ciriaco Millacheo Licán y Patricia Roxana Troncoso Robles. 42 3. El proceso penal contra el señor Víctor Manuel Ancalaf Llaupe. 47 VII – FONDO.. 51 VII.1 – PRINCIPIO DE LEGALIDAD (ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN americana) y derecho a la presunción de inocencia (ARTÍCULO 8.2 DE LA CONVENCIÓN americana), en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos y el Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.. 52 A) Argumentos de la Comisión y de las partes. 52 B) Consideraciones de la Corte. 55 1. El principio de legalidad en general y en relación con el tipo terrorista. 56 2. Aplicación al caso concreto. 59 3. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno...

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS KUNA DE MADUNGANDÍ Y EMBERÁ DE BAYANO Y SUS MIEMBROS VS. PANAMÁ SENTENCIA DE 14 DE OCTUBRE DE 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) En el Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces*: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez presentes, además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia. CASO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS KUNA DE MADUNGANDÍ Y EMBERÁ DE BAYANO Y SUS MIEMBROS VS. PANAMÁ Tabla de contenido I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA. 4 II. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE. 6 III. COMPETENCIA. 8 IV. EXCEPCIONES PRELIMINARES. 8 A.Primera excepción preliminar: “Falta de agotamiento de recursos internos”. 9 A.1. Alegatos de las partes y argumentos de la Comisión. 9 A.2. Consideraciones de la Corte. 10 B.Segunda excepción preliminar: “Falta de competencia ratione temporis”. 11 B.1. Alegatos de las partes y argumentos de la Comisión. 11 B.3. Consideraciones de la Corte. 12 C. Tercera excepción preliminar: “Falta de competencia por prescripción”. 15 C.1. Alegatos de las partes y argumentos de la Comisión. 15 C.2. Consideraciones de la Corte. 16 V. PRUEBA. 16 A.Prueba documental, testimonial y pericial16 B.Admisión de la prueba. 16 B.1. Prueba documental presentada con posterioridad a los escritos de solicitudes y argumentos o al escrito de contestación. 17 B.2. Documentación solicitada durante la audiencia y con posterioridad a la misma. 17 B.3. Admisión de la prueba testimonial y pericial18 C. Valoración de la prueba. 18 VI. HECHOS. 19 A.Pueblos indígenas Kuna y Emberá en Panamá; marco normativo interno. 19 A.1. Pueblo indígena Kuna. 20 A.2. Pueblo indígena Emberá. 21 A.3. La población no indígena o “colonos” en la zona del Bayano. 22 B.Construcción del Complejo Hidroeléctrico del Bayano y traslado de la población indígena 22 C. Hechos ocurridos con posterioridad al traslado de la población indígena. 23 D.Incursiones de personas no indígenas y creación de la Comarca Kuna de Madungandí (1990-1996). 25 E. Mesas de Concertación del Programa de Desarrollo Sostenible del Darién (1996-2001) y demarcación de la Comarca Kuna de Madungandí26 F. Búsqueda de un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Comisión Indígena – Gubernamental (2001 – 2006). 28 G.Creación de Comisión de Alto Nivel Presidencial; establecimiento de procedimiento para adjudicación de propiedad colectiva de tierras indígenas; delimitación de tierras Emberá (2007-2013). 28 H.Acciones administrativas y judiciales llevadas a cabo por los pueblos Kuna y Emberá...

Corte Interamericana de Derechos Humanos Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de AGOSTO de 2014 Solicitada por la República Argentina, la república federativa de brasil, la República del paraguay y la república oriental del uruguay derechos y garantías de niñas y niñOs EN EL CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN y/o en necesidad de protección internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces*: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Diego García-Sayán, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez; y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; presentes, además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta, de conformidad con el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 70 a 75 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), emite la siguiente Opinión Consultiva, que se estructura en el siguiente orden: ÍNDICE IPresentación de la consulta. 3 IIProcedimiento ante la Corte. 5 III COMPETENCIA. 9 IV CONSIDERACIONES GENERALES. 13 V CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN. 18 Vi obligaciones GENERALES Y PRINCIPIOSRECTORES. 22 VIIPROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR NECESIDADES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES Y, EN SU CASO, ADOPTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL. 27 VIIIGARANTÍAS DE DEBIDO PROCESO APLICABLES EN PROCESOSMIGRATORIOS QUE INVOLUCRAN A NIÑAS Y NIÑOS. 41 IXPRINCIPIO DE NO PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE NIÑAS O NIÑOSPOR SU SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR. 52 XCARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS PRIORITARIAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES Y GARANTÍAS PARA SU APLICACIÓN. 59 XICONDICIONES BÁSICAS DE LOS ESPACIOS DE ALOJAMIENTO DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES Y LAS OBLIGACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES A LA CUSTODIA POR RAZONES MIGRATORIAS 63 XIIGARANTÍAS DE DEBIDO PROCESO ANTE MEDIDAS QUE IMPLIQUEN RESTRICCIONES O PRIVACIONES DE LA LIBERTAD PERSONAL DE NIÑAS Y NIÑOS POR RAZONES MIGRATORIAS 68 XIII PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN (NON-REFOULEMENT)77 XIVPROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR EL DERECHODE LAS NIÑAS Y NIÑOS A BUSCAR Y RECIBIR ASILO. 92 XVDERECHO A LA VIDA FAMILIAR DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN EL MARCO DE PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN O DEPORTACIÓN DE SUS PROGENITORES POR MOTIVOS MIGRATORIOS. 98 XVI OPINIÓN. 106 I Presentación de la consulta 1. El 7 de julio de 2011 la República Argentina (en adelante “Argentina”), la República Federativa de Brasil (en adelante “Brasil”), la República del Paraguay (en adelante “Paraguay”) y la República Oriental del Uruguay (en adelante “Uruguay”), las cuales en adelante se denominarán en conjunto “los Estados solicitantes”, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana y de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1 y 70.2 del Reglamento, presentaron una solicitud de Opinión Consultiva sobre niñez migrante (en adelante “la solicitud” o “la consulta”) a fin de que el Tribunal “determin[e] con mayor precisión cuáles son las obligaciones de los Estados con relación a las medidas pasibles de ser adoptadas respecto de niñas y niños, asociada a su condición migratoria, o a la de sus padres, a la luz...

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS TARAZONA ARRIETA Y OTROS VS. PERÚ SENTENCIA DE 15 DE OCTUBRE DE 2014 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) En el Caso Tarazona Arrieta y otros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces*: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez presentes, además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden: CASO TARAZONA ARRIETA Y OTROS VS. PERÚ Tabla de contenido I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA. 3 II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE. 4 III COMPETENCIA. 5 IV. CONSIDERACIÓN PREVIA. 6 V. EXCEPCIÓN PRELIMINAR. 7 VI. PRUEBA. 8 A. Prueba documental, testimonial y pericial. 8 B. Admisión de la prueba. 9 C. Valoración de la prueba. 9 VII. HECHOS. 9 A. La muerte de Zulema Tarazona Arrieta y Norma Teresa Pérez Chávez y las lesiones sufridas por Luís Alberto Bejarano Laura. 10 B. La investigación sobre los hechos del caso (9 de agosto de 1994 a 22 de mayo de 1995)11 C. El archivo del caso (14 de junio de 1995 a 11 de septiembre de 2003)14 D. El desarchivo del caso (19 de abril de 2001 a 21 de enero de 2003)16 E. El procesamiento y condena de Antonio Mauricio Evangelista Pinedo (21 de enero de 2003 a 23 de julio de 2008)17 F. El cumplimiento de la condena y las reparaciones a las presuntas víctimas (23 de julio de 2008 a 6 de enero de 2011)21 VIII. FONDO.. 23 VIII-1. LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL 23 A. Argumentos de las partes y de la Comisión. 23 B. Consideraciones de la Corte. 25 VIII-2. LOS DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE ZULEMA TARAZONA ARRIETA, NORMA PÉREZ CHÁVEZ Y DE LUÍS BEJARANO LAURA (Artículos 4 y 5.1 de la Convención Americana) 32 A. Argumentos de las partes y de la Comisión. 32 B. Consideraciones de la Corte. 33 VIII-3. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS FAMILIARES DE ZULEMA TARAZONA ARRIETA, NORMA PÉREZ CHÁVEZ Y LUÍS BEJARANO LAURA (Artículo 5 en relación con 1.1 de la Convención) 35 A. Argumentos de las partes y de la Comisión. 35 B. Consideraciones de la Corte. 35 VIII-4. DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL, ASÍ COMO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (Artículo 2 de la Convención Americana, en relación con los artículos 4, 5, 8 y 25) 36 A. Argumentos de...

Corte Interamericana de Derechos Humanos CASO OSORIO RIVERA Y FAMILIARES VS. PERÚ Sentencia de 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 (Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) En el caso Osorio Rivera y familiares Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “este Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces*: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; presentes, además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta, de conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y el artículo 68 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), resuelve la solicitud de interpretación de la Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas emitida por este Tribunal el 26 de noviembre de 2013 en el presente caso (en adelante también “la Sentencia”), interpuesta el 21 de marzo de 2014 por la República del Perú (en adelante “el Estado peruano”, “el Estado” o “Perú”). I SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN Y PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 1. El 26 de noviembre de 2013 la Corte emitió la Sentencia, la cual fue notificada a las partes y a la Comisión el 23 de diciembre del mismo año. 2. El 21 de marzo de 2014 el Estado peruano sometió a la Corte una solicitud de interpretación, en relación con cuatro aspectos de la Sentencia: (1) la reparación ordenada en cuanto a la tipificación adecuada del delito de desaparición forzada; (2) las consideraciones sobre las leyes de amnistía; (3) la reparación ordenada en cuanto a los programas de capacitación de las Fuerzas Armadas, y (4) los montos determinados por concepto de daño material e inmaterial. 3. El 28 de marzo de 2014, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, la Secretaría del Tribunal transmitió la referida comunicación a los representantes de las víctimas[1]y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) y les otorgó un plazo hasta el 30 de abril de 2014 para presentar los alegatos escritos que estimaran pertinentes. 4. El 28 y el 30 de abril de 2014 los representantes y la Comisión Interamericana presentaron, respectivamente, sus alegatos con respecto a la solicitud de interpretación del Estado. II COMPETENCIA 5. El artículo 67 de la Convención establece que: [e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo. 6. De conformidad con el artículo citado, la Corte es competente para interpretar sus fallos. Para realizar el examen de la solicitud de interpretación y resolver lo que a este respecto corresponda, el Tribunal debe tener, si es posible, la misma composición que tenía...

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO HERMANOS LANDAETA MEJÍAS Y OTROS VS. VENEZUELA SENTENCIA DE 27 DE AGOSTO DE 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) En el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez*; presentes además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden: CASO HERMANOS LANDAETA MEJÍAS Y OTROS VS. VENEZUELA Índice I introducción de la causa y objeto de la controversia. 2 II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE. 2 III COMPETENCIA. 2 IV excepciones preliminares sobre la falta de agotamiento de recursos internos 2 A. Argumentos de las partes y de la Comisión. 2 B. Consideraciones de la Corte. 2 B.1 Alegada falta de agotamiento de los recursos internos para el caso de Eduardo José Landaeta Mejías 2 B.2 Alegada falta de agotamiento de los recursos internos para el caso de Igmar Alexander Landaeta Mejías 2 V prueba. 2 A. Prueba documental, testimonial y pericial2 B. Admisión de la prueba. 2 B.1 Admisión de la prueba documental2 B.2 Admisión de la prueba testimonial y pericial2 VI HECHOS. 2 A. Alegada problemática de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes policiales en Venezuela 2 B. Las amenazas recibidas por parte de agentes policiales. 2 C. Muerte de Igmar Alexander Landaeta Mejías. 2 C.1 Versión de siete testigos presenciales y un médico. 2 C.2 Versión de dos agentes policiales y dos testigos presenciales. 2 D. Detención y muerte de Eduardo José Landaeta Mejías. 2 E. Investigación de la muerte de Igmar Alexander Landaeta Mejías. 2 F. Investigación de la muerte de Eduardo José Landaeta Mejías. 2 VII Fondo.. 2 VII-1 Derecho a la vida e integridad personal en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos respecto de igmar alexander landaeta MEJÍAS. 2 A. Argumentos de las partes y de la Comisión. 2 B. Consideraciones de la Corte. 2 B.1 Acciones preventivas: legalidad y excepcionalidad del uso de la fuerza en relación con el deber de garantía y las obligaciones de adecuar el derecho interno. 2 B.2 Acciones concomitantes a los hechos: finalidad legítima, absoluta necesidad y proporcionalidad en relación con el deber de respeto. 2 B.3 Acciones posteriores a los hechos: debida diligencia y humanidad en relación con el deber de respeto y garantía del derecho a la vida. 2 B.4 Conclusión respecto de Igmar Alexander Landaeta Mejías. 2 VII-2 Derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal y derechos del niño, en relación con las...

Relator: Juez Alberto Pérez Pérez CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS* CASO ESPINOZA GONZÁLES VS. PERÚ SENTENCIA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) En el caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces: Humberto Antonio Sierra Porto, Presidente; Roberto F. Caldas, Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles, Juez; Eduardo Vio Grossi, Juez, y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez; presentes además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden: TABLA DE CONTENIDO I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA. 5 II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE. 6 III COMPETENCIA. 8 IV EXCEPCIONES PRELIMINARES. 8 A)Excepción preliminar de falta de competencia ratione materiae sobre el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. 8 A.1. Argumentos de las partes y la Comisión. 8 A.2. Consideraciones de la Corte. 9 B)Excepción preliminar de falta de competencia ratione temporis sobre el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. 9 B.1. Argumentos de las partes y la Comisión. 9 B.2. Consideraciones de la Corte. 10 V CONSIDERACIONES PREVIAS. 11 A)Sobre la determinación de presuntas víctimas en el presente caso. 11 A.1. Argumentos de la Comisión y las partes11 A.2. Consideraciones de la Corte. 11 B)Sobre el marco fáctico del presente caso. 12 B.1. Argumentos de la Comisión y las partes12 B.2. Consideraciones de la Corte. 12 VI PRUEBA. 13 A)Prueba documental, testimonial y pericial13 B)Admisión de la prueba. 14 C)Valoración de la prueba. 15 VII HECHOS. 15 A)Contexto en el que ocurrieron los hechos del presente caso. 15 A.1. El conflicto en el Perú. 17 A.2. Los estados de emergencia, la legislación antiterrorista y el golpe de Estado de 5 de abril de 1992 18 A.3. La práctica de detenciones, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en la época de los hechos20 A.4. La práctica de violación sexual y otras formas de violencia sexual contra la mujer en la época de los hechos21 A.5 Conclusiones23 B)Los hechos probados sobre Gladys Carol Espinoza Gonzáles. 24 B.1. La detención de Gladys Carol Espinoza Gonzáles y su ingreso en las instalaciones de la DIVISE y de la DINCOTE. 24 B.2. Traslado a establecimientos penales y permanencia en ellos hasta la fecha. 27 B.3. Los alegados hechos de violencia, en particular violencia sexual, perpetrados en contra de Gladys Espinoza. 28 B.4. Investigación sobre los alegados actos de violencia, en particular violencia sexual, perpetrados en contra de Gladys Carol Espinoza Gonzáles (Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Exp. No. 08-2012)28 VIII FONDO. 37 VIII.1. DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR...

INFORME Nº 53/01 CASO 11.565 ANA, BEATRIZ Y CELIA GONZÁLEZ PÉREZ[1] MÉXICO 4 de abril de 2001 I. RESUMEN 1. El 16 de enero de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL o “los peticionarios”) en la cual se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos ("el Estado") por la detención ilegal, violación y tortura de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales, así como la posterior falta de investigación y reparación de tales hechos. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la "Convención Americana"): derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo 8); protección de la honra y de la dignidad (artículo 11); derechos del niño (artículo 19); y protección judicial (artículo 25). 2. Conforme a la denuncia, el 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, México, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez de González para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas. Los peticionarios alegan que durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares; que el 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal (Procuraduría General de la República o “PGR”) con base en un examen médico ginecológico; que la misma fue corroborada ante dicha institución por la declaración de Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores; que el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar (“PGJM”) en septiembre de 1994; y que ésta decidió finalmente archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las mismas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas. Los peticionarios sostienen que el Estado faltó a su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones. 3. El Estado mexicano alega que las autoridades competentes llevaron adelante una investigación seria, aunque no se agotaron los recursos internos; que los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso, por lo cual no se podía reiniciar la investigación militar; y que no se configuran violaciones de los derechos humanos. 4. En el presente informe, la CIDH analiza el fondo de la cuestión denunciada y concluye que el Estado mexicano es responsable por la violación de los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana: derecho a la integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad (artículos 5 y 11); a la libertad personal (artículo 7); garantías judiciales y protección judicial (artículos 8 y 25); respecto de Celia González Pérez, derechos del niño (artículo 19); todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo...

INDICE DE TEMAS: Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá Sentencia de 2 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas) En el caso Baena Ricardo y otros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces: Antônio A. Cançado Trindade, Presidente Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente Hernán Salgado Pesantes, Juez Oliver Jackman, Juez Alirio Abreu Burelli, Juez Sergio García Ramírez, Juez y Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez; presentes, además, Manuel E. Ventura Robles, Secretario y Renzo Pomi, Secretario adjunto, de conformidad con los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia sobre el presente caso. I Introducción de la causa 1. El 16 de enero de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra la República de Panamá (en adelante “el Estado” o “Panamá”) que se originó en una denuncia (No. 11.325) recibida en la Secretaría de la Comisión el 22 de febrero de 1994. En su demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y los artículos 26 y siguientes del Reglamento. La Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación, por parte de Panamá, de los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos); 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno); 8 (Garantías Judiciales); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 10 (Derecho a Indemnización); 15 (Derecho de Reunión); 16 (Libertad de Asociación); 25 (Protección Judicial), y 33 y 50.2 de la Convención, como resultado de los hechos ocurridos a partir del 6 de diciembre de 1990 y especialmente a partir del 14 de diciembre de dicho año [, fecha] en que se aprobó la Ley No.25, [con base en la cual] fueron arbitrariamente destituidos de sus cargos 270 empleados públicos que habían participado en una manifestación por reclamos laborales, aquienes se acusó de complicidad con una asonada militar. Posteriormente a[l despido arbitrario de dichos trabajadores], en el procedimiento de sus quejas y demandas[,] se cometieron en su contra una sucesión de actos violatorios de sus derechos al debido proceso y [a] la protección judicial. 2. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declarara que la Ley 25 y la norma contenida en el artículo 43 de la Constitución Política de Panamá son contrarias a la Convención, por permitir la retroactividad de las leyes y que, en consecuencia, deben ser modificadas o derogadas conforme al artículo 2 de dicha Convención. La Comisión también solicitó a la Corte que requiriera al Estado que restablezca en el ejercicio de sus derechos a los 270 trabajadores y repare e indemnice a las presuntas víctimas o a sus familiares, por los hechos cometidos por sus agentes, conforme a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención...

INDICE DE TEMAS: Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile Sentencia de 5 de febrero de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas) En el caso “La Última Tentación de Cristo” (caso Olmedo Bustos y otros), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces: Antônio A. Cançado Trindade, Presidente Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente Hernán Salgado Pesantes, Juez Oliver Jackman, Juez Alirio Abreu Burelli, Juez Sergio García Ramírez, Juez y Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez; presentes, además, Manuel E. Ventura Robles, Secretario y Renzo Pomi, Secretario adjunto de conformidad con los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia en el presente caso. I Introducción de la causa 1. El 15 de enero de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra la República de Chile (en adelante “el Estado” o “Chile”) que se originó en una denuncia (No. 11.803) recibida en la Secretaría de la Comisión el 3 de septiembre de 1997. En su demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y los artículos 32 y siguientes del Reglamento. La Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación, por parte de Chile, de los artículos 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) y 12 (Libertad de Conciencia y de Religión) de la Convención. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, como consecuencia de las supuestas violaciones a los artículos antes mencionados, declare que Chile incumplió los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma. 2. Según la demanda, dichas violaciones se habrían producido en perjuicio de la sociedad chilena y, en particular, de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes, como resultado de “la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de la película ‘La Última Tentación de Cristo’ confirmada por la Excelentísima Corte Suprema de Chile […] con fecha 17 de junio de 1997.” 3. Además, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado que: 1. Autor[ice] la normal exhibición cinematográfica y publicidad de la película “La Última Tentación de Cristo”. 2. Adec[úe] sus normas constitucionales y legales a los estándares sobre libertad de expresión consagrados en la Convención Americana, [con el] fin de eliminar la censura previa a las producciones cinematográficas y su publicidad. 3. Asegur[e] que los órganos del poder público[,] sus autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus diferentes potestades, ejerzan [efectivamente] los derechos y libertades de expresión, conciencia y religión reconocidos en la Convención Americana, y […] se abstengan de imponer censura previa a las producciones...