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INFORME No. 44/14 CASO 12.873 FONDO (PUBLICACIÓN) EDGAR TAMAYO ARIAS ESTADOS UNIDOS* 17 DE JULIO DE 2014 ÍNDICE I. RESUMEN.. 3 II. PROCEDIMIENTOS POSTERIORES AL INFORME No. 73/12.. 4 III. POSICIONES DE LAS PARTES. 4 A. Posición de la peticionaria. 4 1. El derecho a la notificación consular. 5 2. Defensa legal inefectiva. 6 3. Discapacidad mental8 4. Condiciones de detención en el corredor de la muerte. 9 5. Método de ejecución. 10 B. Posición del Estado. 11 1. Derecho a la notificación consular. 12 2. Defensa legal inefectiva. 13 3. Discapacidad mental13 4. Condiciones de detención en el corredor de la muerte. 14 4. Método de ejecución. 14 IV. HECHOS PROBADOS. 15 A. Reclamo conforme a la Convención de Viena. 17 B. Defensa legal designada por los tribunales. 20 C. Discapacidad mental22 D. Condiciones de detención en el corredor de la muerte. 25 E. Método de ejecución. 26 V. ANÁLISIS LEGAL. 27 A. Cuestiones preliminares. 27 B. Derecho a un juicio justo y al debido proceso legal (Artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana). 28 1. El derecho a la notificación consular. 29 2. Defensa legal inefectiva por parte de los abogados nombrados por los tribunales. 31 C. El derecho de toda persona que con discapacidad mental o intelectual a no ser sometida a la pena de muerte (Artículos I y XXVI de la Declaración Americana). 33 D. El derecho al trato humano durante la detención y a no recibir castigos crueles, infamantes o inusitados (Artículos XXV y XXVI de la of Declaración Americana). 36 1. Condiciones de detención en el corredor de la muerte. 36 2. Método de ejecución. 39 VI. ACCIONES SUBSIGUIENTES AL INFORME Nº 1/14.. 40 VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES. 45 VIII. PUBLICACIÓN.. 46 INFORME No. 44/14 CASO 12.873 FONDO (PUBLICACIÓN) EDGAR TAMAYO ARIAS ESTADOS UNIDOS* 17 DE JULIO DE 2014 I. RESUMEN 1. El 6 de enero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una petición y una solicitud de medidas cautelares presentadas por Sandra L. Babcock de la Northwestern University School of Law (“la peticionaria”) contra los Estados Unidos de América (“el Estado” o “los Estados Unidos”). La petición fue presentada en representación de Edgar Tamayo Arias (“la presunta víctima” o “el señor Tamayo”) quien se encontraba privado de la libertad en el corredor de la muerte en el Estado de Texas. El señor Tamayo fue ejecutado el 22 de enero de 2014. 2. La peticionaria alega que el juicio del señor Tamayo no satisfizo los estándares mínimos de justicia, en violación del derecho internacional. En particular, alega que el señor Tamayo fue privado de la oportunidad de buscar asistencia consular debido a que el estado de Texas se abstuvo de notificarlo de su derecho a contactar un funcionario consular, conforme al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La peticionaria también señala que el abogado designado por los tribunales internos para la defensa de la presunta víctima no...

INFORME No. 13/14 CASO 12.422 INFORME DE FONDO (PUBLICACIÓN) ABU-ALI ABDUR’ RAHMAN ESTADOS UNIDOS* 2 de abril de 2014 ÍNDICE I. RESUMEN.. 2 II. ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME No. 39/03 SOBRE ADMISIBILIDAD.. 2 III. POSICIONES DE LAS PARTES. 3 A. Posición de los peticionarios. 3 B. Posición del Estado. 12 IV. ANÁLISIS. 13 A. Criterio de interpretación. 13 B. Derecho al debido proceso y a un juicio justo. 14 C. Derecho a que no se le imponga una pena cruel, infamante o inusitada. 19 V. ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME No. 54/03. 19 VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES. 25 VII. PUBLICACIÓN.. 26 INFORME No. 13/14 CASO 12.422 INFORME DE FONDO (PUBLICACIÓN) ABU-ALI ABDUR’ RAHMAN ESTADOS UNIDOS* 2 de abril de 2014 I. RESUMEN 1. El 28 de febrero de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo “la Comisión”) recibió de la Defensoría de Penados del Estado de Tennessee (en lo sucesivo “los peticionarios”) una petición, fechada el 27 de febrero de 2002, contra el Gobierno de los Estados Unidos de América (en lo sucesivo “el Estado” o “los Estados Unidos”), en beneficio del señor Abu-Ali Abdur’ Rahman, anteriormente señor James Jones (en lo sucesivo “el señor Abdur’ Rahman” o “Abdur’ Rahman”), ciudadano de los Estados Unidos confinado en el pabellón de la muerte en el Estado de Tennessee. En ella se señala que el 13 de julio de 1987 el señor Abdur’ Rahman fue declarado culpable de homicidio en primer grado, agresión con intención de cometer homicidio en primer grado y lesiones corporales y robo a mano armada; que fue sentenciado a muerte el 15 de julio de 1987, y que se fijó como fecha de su ejecución el 10 de abril de 2002. La ejecución del señor Abdur’ Rahman fue postergada ulteriormente en varias ocasiones en virtud de actuaciones internas llevadas a cabo en su favor. 2. En la petición se alega que el Estado es responsable de violaciones de los derechos del señor Abdur’ Rahman previstos en los Artículos I, XVII, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en lo sucesivo “la Declaración Americana” o “la Declaración”), por haberse incurrido en nulidades que afectaron a la justicia de las actuaciones penales seguidas en su contra, a lo que se agrega la improcedencia de ejecutar a esa persona, dada su discapacidad mental. 3. En el Informe No. 39/03, fechado el 6 de junio de 2003, la Comisión concluyó que las reclamaciones de los peticionarios eran admisibles en relación con los Artículos I, XVII, XVIII y XXVI de la Declaración Americana, y decidió proseguir el análisis de los méritos del caso. 4. A la fecha del presente informe la Comisión no ha recibido observaciones del Estado referentes al fundamento de la petición de los peticionarios. 5. Tal como se establece en el presente informe, habiendo examinado los méritos del caso la Comisión concluyó que el Estado es responsable de la violación de los derechos del señor Abdur’ Rahman a un juicio...

INFORME No. 12/14 CASO 12.231 INFORME DE FONDO (PUBLICACIÓN) PETER CASH COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS 2 de abril de 2014 ÍNDICE I. RESUMEN.. 3 II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN.. 3 III. POSICIÓN DE LAS PARTES SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN.. 4 A. Posición de los peticionarios. 4 1. Antecedentes. 4 2. Posición de los peticionarios sobre la admisibilidad. 6 B. Posición del Estado sobre la admisibilidad. 7 IV. ANÁLISIS SOBRE LA ADMISIBILIDAD.. 7 A. Competencia de la Comisión. 7 B. Otros requisitos de admisibilidad. 8 1. Agotamiento de los recursos internos. 8 2. Plazo de presentación de la petición. 9 3. Duplicación de procedimientos. 9 4. Caracterización. 9 C. Posición de los peticionarios respecto del fondo. 10 1. Artículos I, II, y XXVI de la Declaración – Pena de muerte obligatoria. 10 2. Artículos XXVI, II, y XVIII – Prerrogativa de clemencia. 10 3. Artículos I, XXV y XXVI – Confesiones alegadamente involuntarias; derecho a un trato humano y a no ser objeto de tortura. 10 4. Artículos XVIII y XXVI – Derecho a un juicio justo e imparcial11 5. Artículo XXV – Derecho a ser juzgado sin demora indebida. 11 6. Artículo XVIII – Derecho a un juicio justo; acceso a la justicia. 11 7. Artículos XI, XXV, XXVI – Condiciones inhumanas de detención. 11 D. Posición del Estado. 12 V. ANÁLISIS. 12 A. Fondo. 12 1. Estándar de revisión. 12 2. Presunción de los hechos. 12 B. Aplicación e interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 13 1. Alegadas violaciones de la Declaración Americana. 14 2. Artículos I, II, XVIII, XXIV, XXVI – Pena de muerte obligatoria y proceso de indulto/conmutación de la sentencia. 15 VI. ALEGADAS VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO.. 19 A. Alegadas violaciones al debido proceso: presunta confesión involuntaria; tratamiento de la confesión por el juez de primera instancia (en el tercer juicio) y la Corte de Apelaciones de Las Bahamas; demora injustificada en el juicio al señor Cash. 19 1. Artículos XVIII, XXVI – Derecho a un juicio justo e imparcial/derecho a la integridad física 19 VII. TORTURA.. 23 A. Artículo XXV de la Declaración – Derecho a ser juzgado sin demora injustificada. 24 B. Artículos XI, XXV, y XXVI – Condiciones de detención. 26 C. Artículos XVII, XVIII y XXVI de la Declaración – No disponibilidad de asistencia letrada para acciones constitucionales. 27 VIII. ACCIONES POSTERIORES AL INFORME Nº 70/06. 27 IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES. 29 X. PUBLICACIÓN.. 30 INFORME No. 12/14 CASO 12.231 INFORME DE FONDO (PUBLICACIÓN) PETER CASH COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS 2 de abril de 2014 I. RESUMEN 1. El 8 de octubre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una petición de Burton Copeland, estudio jurídico de Londres, Reino Unido (en adelante, “los peticionarios”) contra el Commonwealth de Las Bahamas (en adelante, “Las Bahamas” o “el Estado”). La petición fue presentada en nombre de Peter Cash, (“el señor Cash” o “Cash”), ciudadano de...

INFORME Nº 53/01 CASO 11.565 ANA, BEATRIZ Y CELIA GONZÁLEZ PÉREZ[1] MÉXICO 4 de abril de 2001 I. RESUMEN 1. El 16 de enero de 1996, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una denuncia presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL o “los peticionarios”) en la cual se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos ("el Estado") por la detención ilegal, violación y tortura de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tzeltales, así como la posterior falta de investigación y reparación de tales hechos. Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (la "Convención Americana"): derecho a la integridad personal (artículo 5); libertad personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo 8); protección de la honra y de la dignidad (artículo 11); derechos del niño (artículo 19); y protección judicial (artículo 25). 2. Conforme a la denuncia, el 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, México, a las hermanas Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez de González para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas. Los peticionarios alegan que durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares; que el 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal (Procuraduría General de la República o “PGR”) con base en un examen médico ginecológico; que la misma fue corroborada ante dicha institución por la declaración de Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores; que el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar (“PGJM”) en septiembre de 1994; y que ésta decidió finalmente archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las mismas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas. Los peticionarios sostienen que el Estado faltó a su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones. 3. El Estado mexicano alega que las autoridades competentes llevaron adelante una investigación seria, aunque no se agotaron los recursos internos; que los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso, por lo cual no se podía reiniciar la investigación militar; y que no se configuran violaciones de los derechos humanos. 4. En el presente informe, la CIDH analiza el fondo de la cuestión denunciada y concluye que el Estado mexicano es responsable por la violación de los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana: derecho a la integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad (artículos 5 y 11); a la libertad personal (artículo 7); garantías judiciales y protección judicial (artículos 8 y 25); respecto de Celia González Pérez, derechos del niño (artículo 19); todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo...

INFORME Nº 28/92 CASOS 10.147, 10.181, 10.240, 10.262, 10.309 y 10.311 ARGENTINA 2 de octubre de 1992 El 4 de octubre de 1991, durante el 80º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisión"), se aprobó por una mayoría de 5 a 1 el Informe Nº 34/91, conforme al artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención"). Dicho informe fue remitido al Gobierno de Argentina en fecha 8 de octubre de 1991. El 20 de enero de 1992, el Gobierno de la República Argentina remitió sus observaciones a dicho informe. Estas observaciones fueron cuidadosamente consideradas por la Comisión en el presente Informe Nº 28/92, previsto por el artículo 51.1. de la Convención, el cual fue adoptado por unanimidad. El miembro de la Comisión doctor Oscar Luján Fappiano se abstuvo de participar en la consideración y votación de ambos informes. I. INTRODUCCIÓN 1. A partir de fines del año 1987, la Comisión comenzó a recibir peticiones contra el Gobierno de la República Argentina (en adelante "el Gobierno"), en las que se denunciaba que la sanción por el Poder Legislativo de las leyes Nº 23.492, promulgada el 24 de diciembre de 1986, y Nº 23.521, promulgada el 8 de junio de 1987, y su aplicación por el Poder Judicial, violaban, entre otros, el derecho de protección judicial (artículo 25) y las garantías judiciales (artículo 8) consagrados en la Convención. En total, seis casos fueron abiertos. Los peticionarios fueron: Caso Nº 10.147: Alicia Consuelo Herrera Caso Nº 10.181: Rosaria Valenzi de Sánchez Caso Nº 10.240: Causa de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) Caso Nº 10.262: Fundación Servicio Paz y Justicia (en nombre de 90 causas) Caso Nº 10.309: Luis Adolfo Holmquits y, Graciela Bustamante de Argañaraz Gloria Constanza Curia/Fernando Ramiro Curia Luisa Ana Ibañez Adriana C. Mitrovich de Torres Correa Ricardo Torres Correa Francisco Rafael Díaz Ramón Oscar Bianchi María Isabel Jiménez de Soldatti Familia Rondoletto (5) Julio César Campopiano Ana Cristina Corral Carlos Severino Soldatti Caso Nº 10.311: Rosa Ana Frigerio y, Omar Tristán Roldán Elena Delia Garaguso Carlos Alberto Oliva Laura Susana Martinelli Liliana Carmen Pereyra Eduardo Alberto Cagnola Jorge Candeloro Marta Haydee García Omar Alejandro Marocchi Susana Valor Eduardo Manuel Martínez Jorge Carlos Augusto Toledo Mario Alberto D'Fabio Fernández Roberto Wilson Rubén Darío Rodríguez Juan Carlos Carrizo Haydee Cristina Monier Horacio Manuel Carrizo Alberto Rogelio Carrizo Luis Alberto Bereciarte Fernando Hallgarten 2. La Ley Nº 23.492 fijó un plazo de 60 días para la extinción de las acciones penales por crímenes cometidos en ocasión de la llamada "guerra sucia". La Ley Nº 23.521 creó la presunción irrebatible, a favor del personal militar que cometió crímenes durante la "guerra sucia", de haber actuado en virtud del deber de obediencia, eximiéndolos de responsabilidad penal. La ley incluso extiende dicha protección a los oficiales superiores que no tuvieron capacidad decisoria o participación en la elaboración de las órdenes. A menos que se indique de otra manera, los instrumentos mencionados...

 

INFORME Nº 52/02(*)

CASO 11.753

FONDO

RAMÓN MARTÍNEZ VILLAREAL

ESTADOS UNIDOS

10 de octubre de 2002

 

I.        RESUMEN

 

1.       El 16 de mayo de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la “Comisión") recibió una petición del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante, los “peticionarios”) contra el Gobierno de los Estados Unidos de América (en adelante, el “Estado” o los “Estados Unidos”). La petición se presentó en nombre del Sr. Ramón Martínez Villareal (en adelante, “Sr. Martínez Villareal” o “Martínez Villareal”), un ciudadano mexicano que está recluido en el...

INFORME Nº 55/02

CASO 11.765

FONDO

PAUL LALLION

GRENADA

21 de octubre de 2002

 

 

          I.          RESUMEN

 

        1.          Este Informe hace referencia a una petición que fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "la Comisión") por Saul Lehfreund Esq., Abogado, de los señores Simons, Muirhead & Burton, estudio jurídico de Londres, Reino Unido (en adelante, "los peticionarios"), por carta del 17 de junio de 1997, en nombre de Paul Lallion (en adelante, "el Sr. Lallion").  En la petición se alega que el Estado de Grenada (en adelante, "el...

 

INFORME N° 62/02 CASO 12.285

FONDO

MICHAEL DOMINGUES

ESTADOS UNIDOS (*)

22 de octubre de 2002

 

 

I.       RESUMEN

 

1.       El 1 de mayo de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("la Comisión") recibió una petición del Sr. William A. Courson del Magnus Hirschfield Center for Human Rights contra Estados Unidos de América ("el Estado" o "Estados Unidos").  La petición fue presentada en nombre del Sr. Michael Domingues, que está recluido en espera de ejecución en el Estado de Nevada.  El 8 de diciembre de 2000, la petición fue complementada por una segunda petición interpuesta en nombre del Sr. Domingues por el Sr. Mark Blaskey, Defensor de Oficio del Condado...

 

INFORME N° 75/02

CASO 11.140

FONDO

MARY Y CARRIE DANN

ESTADOS UNIDOS (**)

27 de diciembre de 2002

 

 

I.         RESUMEN

 

         1.         La petición en el presente caso fue interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("la Comisión") contra los Estados Unidos de América ("el Estado" o "Estados Unidos") el 2 de abril de 1993 por los señores Steven M. Tullberg y Robert T. Coulter del Indian Law Resource Center ("los peticionarios").  La petición fue presentada en nombre de Mary y Carrie Dann, hermanas y ciudadanas de los Estados Unidos (las "hermanas Dann" o "las Dann").

 

       ...

 

INFORME Nº 78/02

CASO 11.335

FONDO

GUY MALARY

HAITÍ

27 de diciembre de 2002

 

 

I.        RESUMEN

 

1.       El 17 de agosto de 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comisión o la CIDH) recibió una petición presentada por “The Lawyers Committee on Human Rights” (en adelante “los peticionarios”), contra la República de Haití (en adelante “Haití”, “el Estado haitiano” y “el Estado”) en la cual se denunciaba la violación de los derechos a la vida (artículo 4), a las garantías judiciales (artículo 8) y  protección judicial (artículo 25), todos relacionados con...